No sé si la medida es la más adecuada o si funcionará, pero el objetivo está claro: etiquetar los contenidos de tal forma que se pueda saber cuál es la fuente que los crea. Es decir, que el lector pueda distinguir entre contenidos de calidad y aquellos cuyo origen es desconocido. “Los eurodiputados destacan las ‘incertidumbres’ de los lectores sobre cuestiones como su ‘fiabilidad’ y su ‘imparcialidad’”, dicen. Dado que los bloggers no responden ante estatuto alguno, esto “crea dudas sobre la protección de las fuentes, la aplicación de códigos éticos y la atribución de responsabilidades en caso de acciones judiciales, que deben ser resueltas”.
En esta sesión también se habló de los problemas que suponen las herramientas 2.0, puesto que los usuarios crean y cuelgan su propio contenido muchas veces sin tener en cuenta ninguna consideración. La preocupación no es nueva: ¿hasta qué punto soy libre de colgar una foto de mi vecino en su balcón (que está pared con pared con el mío) sin su consentimiento?
Más allá de obligaciones legales, yo creo en las obligaciones morales. Sigue vigente aquello de que mi libertad acaba donde empieza la de la otra persona. Sin embargo, en vistas de cómo avanza la sociedad, creo que es necesario poner la ley de por medio. Cuando uno mismo es incapaz de autorregularse, la regulación externa resulta obligada. Y que nadie me malinterprete: no estoy en contra de los blogs ni de las herramientas 2.0. Estoy en contra de los malos usos que algunos realizan aprovechando estas plataformas. Ante todo, urbanidad y buenas maneras.
En septiembre se debatirá la aprobación de esta resolución, que también pide defender el pluralismo ante la concentración de medios. Veremos en qué acaba la cosa.
